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  • ESTADO DE ALARMA EXCEPCIONAL 22 ABRIL 2020
       

            Criticar es fácil, pero no gratuito. Gratuito es profetizar y equivocarse, de momento.

         Durante estos días de excepcionalidad derivada de la situación de emergencia provocada por la pandemia proveniente de Oriente, son continuas las alusiones a lo imprevisible de la situación, a la necesidad de conocer más sobre el virus, su capacidad de contagio, la posibilidad de que mute, se reproduzca, y desesperada la búsqueda de vacunas o antídotos.

         Efectivamente estamos ante un escenario inédito, y por ello un campo abonado para que los gobernantes, que han asumido por Decreto todas las competencias legales, se escuden en la gravedad de la situación para eludir la que, sin duda, supone una seria responsabilidad por lo trascendente de las decisiones que se están tomando, y que afectan directamente a derechos fundamentales. Aunque no se quiera reconocer desde un punto de vista técnico-jurídico por las consecuencias que en el orden de constitucional tendría el reconocimiento de tan esencial afirmación, y la lluvia de reclamaciones de daños y perjuicios y responsabilidad patrimonial se derivaría por quién considerase que otro tipo de medidas hubiesen sido más operativas y menos perjudiciales para la libertad y la economía de los ciudadanos.

     

         Pero aunque cambiemos el título, el contenido del relato sigue siendo el mismo. Esta película, que muchos describen como de política ficción, es absolutamente real, y la limitación de derechos fundamentales como los de libre circulación, reunión, asociación, y pronto también a la libertad de expresión, son evidentes e indiscutibles. Ello implica que, desde un punto de vista jurídico, aunque el Decreto bajo el cual, de forma triplemente prorrogada, nos hallamos sometidos, aunque se denomine de Alarma, es de facto, una Declaración de Estado de Excepción.

         Lo es por cuanto primero, no afecta a un territorio concreto, sino a todo el estado español, no limita la circulación a determinadas franjas horarias o colectivos, sino que, al contrario regula los colectivos que pueden circular, confinando con carácter general al resto de la población. Estableciendo por cierto un catálogo de sanciones de dudosa legalidad, por cuanto no existe habilitación constitucional al tratarse de un Estado de Alarma, que por definición debería limitarse a efectuar recomendaciones a la población en orden a mantener una determinada política sanitaria. 

       
       Y la no inclusión de la Justicia en el catálogo de servicios esenciales, prohibe de facto el control jurisdiccional de las medidas del gobierno, pero no el de constitucionalidad.

          Y no es menor la responsabilidad y el riesgo asumido a la hora de tomar medidas en el ámbito socio-económico. Pues no se han abordado las regulaciones esenciales que sobre las leyes que se podrían haber tomado para impedir que esta excepcional situación incremente las desigualdades. Tales como la regulación de las relaciones contractuales civiles y mercantiles, las relaciones entre consumidores y empresa, y entre proveedores y clientes, en lugar de efectuar ráfagas semanales de medidas inconexas y contradictorias en algunos casos.

    Es el momento de una nueva, y definitiva, Ley Concursal que module los casos de responsabilidad del empresario en situaciones de crisis económica causada por la inacción y mala gestión de la crisis por parte de los poderes públicos, y por supuesto una decidida reforma de la Ley Hipotecaria que luche contra la especulación inmobiliaria y evite expoliaciones de viviendas de forma indiscriminada en único beneficio de entidades mercantiles con domicilio en paraísos fiscales, o en el mejor de los casos que no tributan ante la hacienda española.

    Al contrario, se nos ha regado con una serie inconexa de decretos y rectificaciones constantes (dicen que aplicando el método prueba/error), como si el derecho a equivocarse estuviese implícito en el manual del gobernante, sin atender a la directa consecuencia que en materia de responsabilidad patrimonial de la administración tiene tal afirmación, que consta documentada en varias ruedas de prensa adornadas con altos cargos militares a modo de fondo de pantalla. Es una actitud que recuerda a la del adolescente que cree que, pidiendo perdón cada vez que comete un error, puede seguir teniendo todos los derechos derivados de su cándida condición, pero sin responsabilizarse de sus fallos.

     

    No se ha adoptado ninguna medida legislativa que se adelante a lo que vendrá en materia de suspensión de pagos derivada de la anunciada recesión económica. Solo lo dice el  FMI, igual que la OMS anunció la sanitaria, aunque el caso que hicimos, todos, fue el que fue.

     

    Esta reacción del poder político, tibia y temerosa ante los poderes fácticos económicos ya la vimos en el 2008, en que fue incapaz de modificar la legislación hipotecaria de forma clara y efectiva, y han tenido que ser los Tribunales de Justicia los que animados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vaya modelando las modificaciones legislativas, también tímidas, a cuentagotas y forzadas, a pesar de que las entidades financieras ya hace tiempo que se apalancaron con los activos tóxicos de miles de consumidores y empresas españolas, no para responder a ningún criterio de defensa del derecho a la propiedad y a la vivienda, ni a ningún tipo de distribución de la riqueza, sino directamente para favorecer la especulación de fondos de inversión con cargo a la crisis financiera que otros países resolvieron más rápido, y por supuesto mejor.

                Por cierto, poderes económicos que están dedicando importantes recursos a lavar su imagen, pensando en el mercado post -pandemia. Y que bien podrían dedicar a plantearse, de una vez, pasar a la primera línea, dejar de mover los hilos desde detrás, y prestarnos a sus mejores líderes para que además de seguir haciendo ganar dinero a las multinacionales que les han visto crecer, asuman, desde un punto de vista tecnocrático, la gestión pública, y nos permitan guardar en el baúl de los juguetes rotos a los inútiles “polichinelas”.

         De lo contrario no tendremos más remedio que seguir esperando que sean los mismos Tribunales de Justicia los que nos vuelvan a dar lo que no tenemos, libertad, seguridad y en definitiva, Justicia. Pero, claro, eso será cuando se levante el estado de alarma/excepción en el que estamos, por decreto triple.

         Y podemos esperar, sentados y confinados, porque para nuestro actual Gobierno la Justicia no están dentro de las actividades esenciales relacionadas en el Decreto de Declaración del Estado de Alarma. Y nadie ha dicho nada al respecto. Los Jueces están muy molestos, pero no porque no les dejen trabajar, sino porque no les dejan juzgar…Resultando incomprensible  como mientras se encuentran suspendidas las actuaciones judiciales de forma generalizada, algunos Juzgados y Tribunales están dictando resoluciones y Sentencias que por otra parte no tienen ninguna ejecutividad … hasta que el Gobierno lo diga. La Justicia sometida al poder Ejecutivo, ¿y siguen sin llamarlo Estado de Excepción?.

     

         Por cierto, la regulación del Estado de Alarma, exige al Congreso aprobar, o no, dicha declaración. Y la no aprobación de la misma implica la apertura de la puerta de la moción de censura. Lo que supone que quién no quiera apoyar al presente gobierno en la actual situación, tiene la obligación de plantear una alternativa, seria, integral y por supuesto constitucional y respetuosa con los derechos fundamentales.

     

         Criticar es fácil, no gratuito. La responsabilidad gubernamental lo será por las decisiones equivocadas, y la de la oposición por la falta de inteligencia para plantear una alternativa integral y capaz de buscar el equilibrio entre salir cuanto antes de la situación de emergencia sanitaria, maneniendo incólumes los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La economía puede esperar. No lo duden. Los ciudadanos no tanto.

     

           Sospecho que tiene que ver con alguna fórmula física cuya variable principal está relacionada con la velocidad. No hemos de temer a una suspensión de pagos general/nacional, si lo hacemos de forma inteligente, respetando los derechos de todos, y evitando que nadie vuelva a querer tomar ventaja y especular a costa de los errores de los políticos. 

         Mientras la economía se congela, evitamos que el mundo se recaliente. ¿Seremos capaces de arrancar la máquina y de encontrar el equilibrio?.    "In medium virtus est".

         Para lo cual tendremos que empezar a metabolizar el brocardo “rebus sic stantibus”.

         Si queremos salvar Europa, busquemos en sus riquezas, que son culturales y tienen que ver con la lucha por los derechos. Y los romanos nos enseñaron algunas cosas buenas.

         Daniel Peralta.
         Abogado

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