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  • TENER O NO TENER, ESA ES LA CUESTION 15 SEPTIEMBRE 2011
     
               Andaba yo absorto en disquisiciones más o menos interesantes sobre la antigua dialéctica de si debe ser un servicio público o privado, la utilidad del catastro administrativo-fiscal, y el encaje de todo eso en el actual panorama de crisis económica de raíz inmobiliaria-financiera; cuando la intervención de un estudiante en ese foro me ha despertado de un “sopapo”. -¿Alguien me puede informar sobre cuánto gana un Registrador y un Juez?, pues me estoy pensando que oposiciones hacer.-
     
                Lo primero que te planteas es si realmente ese estudiante, con esa escala de valores tan primaria, que valora el salario antes que su vocación, está realmente capacitado para optar a cualquiera de ambas oposiciones. Y ante la hipótesis de una respuesta afirmativa, se disparan todas las alarmas.
     
                Si por lo menos los profesionales del Derecho tenemos claro que en tiempos de crisis, de recortes, de priorización de derechos básicos, la Justicia, con mayúsculas, debe compartir, sino liderar, el ranking de los derechos a proteger por el Estado, junto con la Sanidad y la Educación; y si compartimos el ideal de la universalización de la Justicia Gratuita como sistema hacia el que hemos de tender, como una conquista social irrenunciable, por que esto no es un negocio, ni puede parecerlo, aunque muchos se ganen muy bien la vida ejerciendo como abogados; hemos de pisar el freno y reflexionar.
     
                ¿Puede en época de crisis estar la fe pública y registral en manos de honorables señores, de carne y hueso, que a su vez son empresarios en el sentido de empleadores de terceras personas y que trabajan por y para su cuenta?. ¿Puede un Estado Social y Democrático de Derecho permitir que la cuenta de resultados de una oficina registral o notarial dependa del volumen de asuntos, evidentemente escaso en estos tiempos?.
     
                ¿Podemos correr el riesgo de que tan dignas profesiones queden en manos de las necesidades económicas y laborales de dichos despachos profesionales, y esperar cruzando los dedos que ninguno de estos profesionales baje la guardia o no aplique el debido celo en la defensa de los principios de legalidad y fe pública registral que deberían presidir su actividad?.
     
                La respuesta que recibo a estas inquietudes sigue siendo el eco de mi despacho. La Justicia sigue sin formar parte de la escala de valores del legislador. Preocupa más el mantenimiento de un servicio de urgencias sanitarias ineficiente y que solo sirve para despachar bajas laborales, que preocuparse por solucionar las enfermedades psico-somáticas que las propias injusticias producen indirecta, o quizás directamente a los “administrados”.
     
                Seguiré siendo pesado, pero es mi bandera, la Justicia. Sin ella se inician, generan y desarrollan muchos de los problemas que luego queremos solucionar incidiendo en políticas sanitarias y educativas.
     
                Cuando el chaval de veinte y pico años, licenciado en lo que sea, se pregunta dónde se gana más, es que han fallado todos los controles y todas las alarmas.
     
                Para acabar pensando como una Belen Esteban, es que en la vida alguna injusticia te ha alterado el cerebro, o el alma, que es peor.
     
                Mientras tanto, el candidato a Presidente del Gobierno efectúa cálculos recaudatorios en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio. Malos tiempos para los ricos. Sospecho que rápidamente se pondrán a trabajar las ingenierías fiscales para “minimizar” el coste fiscal de tener patrimonio.
     
                “Tener o no tener”, esa es la cuestión.
     
                Cuestión resuelta por el candidato promotor de la reimplantación del arcaico impuesto, que solo tiene un pisito y un millón de euros en cuentas bancarias, activos financieros y otros varios “bienes muebles”.
     
                Pues nada señores registradores y notarios, ¡a moverse¡, que el inmueble ya no se lleva.

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