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  • REGULACION SOBRE EL NOMBRAMIENTO DISCRECCIONAL DE JUECES 26 MARZO 2010
     
         El texto articulado se divide en tres partes, cada una de ellas con un contenido perfectamente delimitado. Así, la primera parte contiene una serie de disposiciones generales que determinan el objeto del Reglamento y su ámbito de aplicación, a lo que se añade una relación de principios rectores que han de presidir su concreta aplicación.
         En relación con los principios constitucionales de mérito y capacidad, se atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad, a que se refiere la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
        
          La segunda parte tiene por objeto la regulación sustantiva, que viene a precisar normativamente, además de otros requisitos, un extremo fundamental como la clase de méritos que, junto con aquellos que merezcan atención en cada circunstancia, el Consejo puede libremente ponderar y considerar prioritarios para decidir la preferencia determinante de la provisión de estas plazas, con respeto a la primacía de los principios de seguridad jurídica e igualdad, de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional y, en su caso, gubernativa, complementados con las condiciones de idoneidad y especialización previstas en el artículo 326.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo ámbito la discrecionalidad conserva un amplio margen, limitado por la proscripción de la arbitrariedad.
         No se prescinde a estos efectos sustantivos de la necesaria distinción entre plazas estrictamente jurisdiccionales, gubernativas o que compartan ambas naturalezas, como tampoco de aquella otra que diferencia entre reservadas a miembros de la Carrera Judicial y las correspondientes a Abogados y juristas de reconocida competencia, matiz éste que responde a la idea según la cual deben ser distintos los criterios de calificación de los candidatos dependiendo de las vías de acceso a los cargos judiciales, como se concibe en el artículo 122.1 de la propia Constitución, cuando establece el sistema de carrera para jueces y magistrados entendido como un cursus honorum en el que se desarrolla una progresión profesional que está igualmente vinculada a los principios de mérito y capacidad.
         Y en cuanto a la tercera parte, está dedicada al procedimiento para la provisión de plazas, como instrumento idóneo y necesario para garantizar el recto sentido de una decisión final suficientemente motivada. De este modo se regulan desde las convocatorias de las plazas vacantes, pasando por las solicitudes de quienes aspiren a ocuparlas, para culminar con las propuestas motivadas de la Comisión de Calificación y los acuerdos del Pleno.

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