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  • La Audiencia Nacional anula el canon digital 25 MARZO 2011
     

         En seis sentencias notificadas hoy, la sección tercera de la sala contencioso administrativo, explica que la referida orden (PRE/ 1743/2008) se aprobó como consecuencia de la ley 23/2006 que introdujo ciertas modificaciones en el texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual, para así incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva 2001/ 29/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información

         Los recursos que ahora han sido fallados se habían discutido por las partes procesales entre otras cuestiones, si la orden del canon, era un reglamento o un acto administrativo. Ahora, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la referida norma es un reglamento dictado en ejecución de la Ley de Propiedad Intelectual.

         A lo largo de las sentencias, se explica la diferencia entre reglamento y acto administrativo para llegar a la conclusión de que la orden recurrida "reúne todas las notas definitorias de las normas reglamentarias". Así "tiene vocación de ser aplicada reiteradamente de tal forma que su repetida aplicación no sólo no agota sus efectos, sino que refuerza su vigencia".

         A diferencia de los actos administrativos, la norma del canon digital es de carácter "general y abstracto" dirigido a una pluralidad de destinatarios definidos en principio de forma anónima".

         La sentencia recuerda que mientras los actos administrativos se limitan a aplicar el ordenamiento jurídico, los reglamentos se insertan en ese ordenamiento jurídico innovándolo.

         En consecuencia, su aprobación habría exigido seguir el procedimiento de elaboración de los reglamentos que en el caso requerían determinados trámites relativos a la memoria justificativa de la necesidad y oportunidad de la disposición reglamentaria a la memoria económica y además el dictamen del Consejo de Estado al tratarse de un reglamento ejecutivo de una ley.

         Por otra parte, la Audiencia Nacional no accede a las pretensiones de algunos recurrentes que solicitaban la devolución de lo que se ha había recaudado hasta el momento a través de la canon digital.

         La sala considera que no tiene jurisdicción para fallar sobre estas peticiones debido a la naturaleza jurídico-privada del canon que determinaría una falta de competencia en este materia. Además, la resolución de lo Contencioso Administrativo no es firme por lo que contra esta decisión cabe la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. Asimismo, la sala ha rechazado plantear una cuestión de inconstitucionalidad y las tarifas se seguirán aplicando hasta que haya sentencia firme que es la que dicte el Tribunal Supremo.

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