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  • ACCESO DE LOS DISCAPACITADOS A LOS PROCESOS ELECTORALES 5 ABRIL 2011
     
                La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, contenía en su disposición final quinta un mandato dirigido al Gobierno para el establecimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.
     
                En esta línea de hacer efectiva la accesibilidad, la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificó el apartado segundo del artículo 87 de la mencionada ley estableciendo que «el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará sobre un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto.» El Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, desarrolló ese mandato legal, amparándose, a su vez, en la habilitación prevista en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
     
                Por su parte, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, hace referencia en sus artículos 13 y 22 a la accesibilidad y la participación política de dichas personas.
    Asimismo, cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y en vigor desde el día 3 de mayo de 2008, que establece en su artículo 29 que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos políticos en igualdad de condiciones, entre otras formas, mediante la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
     
                En cumplimiento del mandato contenido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, a las Entidades locales y a la Administración electoral, el presente real decreto aprueba el Reglamento por el que se regulan las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.
                El Reglamento aprobado por el presente real decreto se estructura en tres capítulos. En el Capítulo I se contienen las disposiciones generales; el Capítulo II establece, por un lado, una serie de previsiones y medidas para lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos electorales, sin perjuicio de la realización de los ajustes razonables que procedan y, por otro lado, medidas de acción positiva. Asimismo, el Capítulo II se divide en dos Secciones: la primera se refiere a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación exigibles en todos los procesos electorales y la segunda sección se ocupa de las condiciones específicas de los procesos electorales cuya gestión compete a la Administración General del Estado. El Capítulo III dispone las medidas que pueden ser tenidas en cuenta por las organizaciones políticas con el fin de promover la accesibilidad y la no discriminación para la participación de las personas con discapacidad en la vida política.

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