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  • HOMOLOGACION DE PROCESOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS JUDICIALES 2 JUNIO 2009
     
         Partiendo de la eficacia jurídica del instrumento actualmente vigente, se considera oportuno, sin embargo, dotar a las previsiones principales del Código de Conducta de un rango formal reglamentario que permitan visualizar de forma explícita su carácter de norma jurídica de eficacia externa y que sirva, igualmente, para integrar y completar sus previsiones insertándolas en la que es, sin duda alguna, su sede natural, el Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, en el que aparece ya desarrollada una parte de la materia competencia del Consejo en lo que concierne al procedimiento de aprobación de los programas, aplicaciones y sistemas informáticos de la Administración de Justicia.
         La potestad de autorización de estos programas es indisociable de la competencia del Consejo para fijar de forma vinculante las normas de utilización y funcionamiento que aseguren su compatibilidad, pues ambas facultades responden a un mismo fin, por lo que el título habilitador de la potestad reglamentaria no puede entenderse plenamente cumplimentado en tanto no se complete el Reglamento de Aspectos Accesorios con la integración de las determinaciones precisas para garantizar dicha compatibilidad.
          Materia conexa a la homologación del uso de los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia, es la relativa a la ordenación del registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal, en el seno de los Servicios Comunes Procesales, lo que, a su vez, remite al supuesto habilitante especial del artículo 438.7 de la Ley Orgánica del Poder judicial, que faculta al Consejo para establecer los criterios generales que permitan la homogeneidad de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales de la misma clase en todo el territorio nacional. Esta materia es objeto de regulación específica en la Instrucción sobre normas para el registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal, aprobada por el Pleno del Consejo de 26 de marzo de 2009 que acompaña y completa la presente regulación reglamentaria.
         Por último, y con la finalidad de hacer realidad en las oficinas judiciales el plurilingüismo proclamado en el artículo 3 de la Constitución, la presente reforma aborda la exigencia de que las aplicaciones de gestión procesal contemplen, como una de sus funcionalidades, la elección de la interfaz de usuario en las lenguas oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas.

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